La negligencia como método: Monumento de la amistad Chino-Panameña
Cuando el Estado borra sin decir “borro”
La noche del 27 de diciembre de 2025, la Alcaldía de Arraiján demolió el Monumento a la Presencia China en Panamá en el Mirador de las Américas, junto al Puente de las Américas. Lo que siguió no fue solo indignación: fue algo más revelador. El Estado habló. Y cuando el Estado habla, elige con precisión qué nombra —y qué deja fuera.
La Alcaldía publicó un comunicado titulado: “Estado crítico de las estructuras del Mirador del Puente de las Américas, Alcaldía de Arraiján acciona de manera urgente”. En ese texto, el monumento no aparece como monumento, ni como memoria, ni como símbolo. Aparece como “estructura”. Y el acto no aparece como borramiento: aparece como remoción preventiva por “criterios técnicos y de seguridad”. Se mencionan “bases corroídas”, “grietas”, “zonas inestables”, “riesgo para visitantes y turistas”, constatado por la Dirección de Obras y Construcciones (DOYC). Se repiten palabras como “responsabilidad”, “seguridad ciudadana”, “deber de proteger la vida”. Todo queda encapsulado en una sola explicación: seguridad.
Y ahí está el punto.
No me interesa discutir si el concreto estaba fisurado. Me interesa la forma. La forma institucional. La coreografía. Porque hay cosas que el Estado no necesita prohibir: le basta con dejar morir. Y cuando el símbolo ya está enfermo —cuando el espacio público ya está vulnerable— entonces aparece el argumento final: “seguridad”.
La negligencia no es un accidente administrativo. En Panamá, demasiadas veces, la negligencia es un instrumento político. Un arma limpia. Un arma sin firma.
El borramiento no siempre llega con un decreto
Hay una idea cómoda que le encanta al poder: que el borramiento es siempre explícito, una orden frontal. Pero el borramiento real —el que se normaliza— suele operar por demora, por burocracia, por abandono, por silencio.
En este caso, no es que el monumento “se cayó”. Fue demolido. Y eso importa.
Importa también un antecedente: desde meses atrás ya existía preocupación pública sobre planes de “renovación” del mirador donde el monumento podía desaparecer. Es decir: el borramiento no llega de golpe; llega como posibilidad administrada. Primero se vuelve prescindible. Luego se vuelve peligroso. Y finalmente se vuelve inevitable.
Ese es el mecanismo perfecto, porque convierte una decisión cultural en un trámite.
“No fue el Estado”: la ilusión útil de responsabilidades fragmentadas
Otra parte del guion es esta: cuando la indignación sube, aparece la fragmentación institucional como escudo. “Fue la alcaldía”. “Fue el municipio”. “Fue DOYC”. “Fue un informe”. “Fue un procedimiento”.
Esa fragmentación no diluye el poder: lo protege. Porque permite que nadie se haga cargo de lo central: que la memoria pública puede quedar colgando de un papel, de un convenio, de una firma o de una omisión. Y en ese modelo, basta con no hacer mantenimiento, basta con no contestar, basta con no renovar, para que el símbolo se oxide hasta que su destrucción parezca sensata.
Ahí está el truco: si la memoria depende del trámite, entonces la desmemoria se vuelve fácil.
Y entonces la negligencia se vuelve ley.
El lenguaje es parte del derribo: “estructura” en lugar de “memoria”
El comunicado municipal no solo informa: reordena la realidad.
Llama “estructura” a lo que era un símbolo. Llama “remoción preventiva” a lo que fue una demolición. Afirma que la decisión obedece “exclusivamente” a criterios técnicos. Con esa palabra —exclusivamente— no solo se defiende: intenta cerrar el debate.
Pero lo que el comunicado no dice es más importante que lo que dice.
No menciona:
que lo demolido era un monumento con significado histórico y étnico;
desde cuándo se conocía el deterioro;
qué mantenimiento se realizó antes (si se realizó);
qué alternativas se evaluaron: cierre temporal, apuntalamiento, restauración, refuerzo, evaluación externa;
si hubo consulta con actores culturales, patrimoniales o con la comunidad que sostiene ese símbolo;
si existió un plan de salvamento: documentación, inventario, rescate de piezas, reubicación, placa, memorial;
cómo se informó y notificó públicamente.
La seguridad aparece como coartada total. Y así ocurre el gesto más grave: se despolitiza la destrucción de un símbolo. Se lo convierte en un acto neutral, un acto técnico, un acto inevitable.
Pero la memoria no es neutral. Y la “técnica” tampoco lo es cuando se usa para cancelar la conversación.
La noche, el feriado, el “ya fue”: el hecho consumado como estrategia
Cuando una decisión se ejecuta en horario muerto, el debate llega tarde. Se destruye primero y se discute después. El conflicto se vuelve retrospectivo, impotente: ya no discutes cómo evitar la demolición; discutes cómo interpretar los escombros.
Esto produce una ventaja política clara: el hecho consumado. Y el hecho consumado siempre opera a favor del que tiene maquinaria, no del que tiene memoria.
Reconstrucción no es reparación
En estos días, el Estado ha planteado la posibilidad de reconstruir el monumento a través de instancias culturales y patrimoniales. Es importante decirlo con claridad: esa intención puede ser un paso necesario, pero conviene no confundir reconstrucción con reparación.
Reconstruir puede devolver una forma al paisaje; reparar la memoria exige además esclarecer el proceso, documentar lo ocurrido, asumir responsabilidades y establecer protocolos para que la memoria pública no dependa del óxido ni del hecho consumado.
Si no se corrige el mecanismo, la próxima pérdida —en otro lugar, contra otra comunidad, contra otra tradición— volverá a llamarse “procedimiento”.
La excusa externa no cancela lo esencial
En Panamá, toda conversación sobre memoria étnica tiende a polarizarse: o se reduce a ruido, o se niega como si fuera irrelevante. Yo no necesito probar una conspiración para afirmar algo más básico: la memoria es un campo de disputa, y el Estado nunca es neutral en esa disputa.
Aunque la demolición no tuviera nada que ver con agendas externas, el procedimiento de borramiento funciona igual. Cambia el motivo; no cambia la herramienta.
Porque el problema no es “los chinos”. El problema es un Estado que trata la memoria étnica como decoración revocable: un gesto conmemorativo que se tolera mientras no estorbe proyectos, rediseños o narrativas dominantes.
Eso es borramiento institucional: no necesariamente odio explícito, sino diseño. No el insulto directo, sino el procedimiento que te deja fuera de la mesa. No el “prohibido”, sino el “se dejó deteriorar”.
De la Biblioteca Nacional al mirador: el mismo patrón
Hace poco escribí sobre la Biblioteca Nacional y lo que revela de nuestra imaginación pública: no como edificio, sino como metáfora del país que decidimos ser. Y aquí reaparece el mismo patrón: la cultura se proclama universal, pero la práctica institucional produce una universalidad vacía, sin territorio, sin conflicto, sin responsables.
Panamá está lleno de memorias que “no se priorizan” hasta que desaparecen. El archivo se vuelve urgencia solo cuando ya es pérdida. La conservación se vuelve discurso solo cuando ya es ruina.
Por eso digo que la negligencia no es casual: es una forma de gobernar el tiempo. El Estado administra el desgaste. Permite que el símbolo se oxide hasta que la demolición parezca sensata. Y luego la ejecuta bajo la palabra mágica: “seguridad”.
La pregunta no es si había deterioro. La pregunta es: ¿por qué llegó ahí y quién permitió que llegara ahí?
Preguntas simples que un país serio debería contestar
Si el argumento es “criterio técnico”, entonces exijamos técnica con trazabilidad pública.
¿Dónde está el informe técnico completo de DOYC (fecha, firma, anexos, fotos, recomendaciones)?
¿Desde cuándo estaba diagnosticado el riesgo y qué mantenimiento se hizo (o no se hizo)?
¿Qué alternativas se evaluaron antes de demoler? ¿Por qué se descartaron?
¿Se consultó a Patrimonio / MiCultura / expertos externos? ¿Quiénes?
¿Hubo notificación pública previa? ¿A quiénes y con qué antelación?
¿Se ejecutó un plan de salvamento patrimonial (documentación, inventario, rescate de piezas)?
¿Qué pasará con el sitio: qué se construye y qué memoria queda?
¿Quién asume responsabilidad por permitir que un punto tan sensible llegara a “estado crítico”?
La memoria también es infraestructura
Un país que no protege sus símbolos no está “modernizándose”: está entrenándose para olvidar. Y olvidar no es neutral: olvidar siempre favorece a alguien.
La memoria no es solo contenido (una placa, una escultura, un monumento). La memoria es infraestructura: protocolos, consulta, mantenimiento, archivo, cuidado. Sin eso, la cultura queda a merced de la noche y la retroexcavadora.
Si aceptamos “se removió preventivamente” como frase final, le regalamos al Estado su herramienta favorita: la negligencia como destino. Pero la negligencia, en estos casos, no es destino.
La negligencia es método.
