Biblioteca Nacional en crisis: anatomía del mal de archivo en Panamá

Cómo llegamos hasta aquí: breve historia reciente de la crisis

La Biblioteca Nacional “Ernesto J. Castillero R.” es el corazón del sistema bibliotecario panameño y el depósito legal del patrimonio bibliográfico del país. Está ubicada en el Parque Omar y conserva libros, hemerotecas, archivos personales, mapas y un centro audiovisual. Es, en teoría, la casa de la memoria escrita de Panamá.

Desde finales de los años noventa se creó la Fundación Pro Biblioteca Nacional para modernizar y administrar la institución bajo un convenio con el Ministerio de Educación (MEDUCA). A la fundación se le otorgó un patrimonio fundacional de alrededor de 7 millones de dólares para modernizar el edificio y sostener la operación; el Estado siguió siendo dueño del inmueble, pero la fundación asumió buena parte de la gestión y del pago del personal. Con los años, ese fondo se ha ido consumiendo, al tiempo que el presupuesto público para bibliotecas se redujo drásticamente: el presupuesto anual para la sede principal y la red de bibliotecas públicas ronda hoy los 2 millones de dólares, pero en 2023 llegó a bajar a apenas 690 mil dólares, y se ha pasado de 61 bibliotecas públicas a solo 34, con las últimas 16 cerradas principalmente por falta de personal.

En 2023 se creó una comisión MEDUCA–MiCultura–Biblioteca Nacional para traspasar la Biblioteca y la red de bibliotecas públicas al Ministerio de Cultura. Sin embargo, ese tránsito no se consolidó en un nuevo marco estable: no hay todavía una ley ni un convenio de largo plazo que dé seguridad operativa. MEDUCA empieza a desentenderse porque “ya no le toca”, MiCultura habla de convenios “en refrendo”, y la fundación queda atrapada en un limbo administrativo, sin flujo de caja claro ni horizonte definido.

En 2024–2025 la crisis se vuelve insostenible y estalla públicamente. La fundación denuncia que lleva meses sin recibir los fondos correspondientes al presupuesto aprobado, y que apenas se le ha desembolsado una fracción de recursos atrasados. Para operar mínimamente requiere alrededor de 1.8 millones de dólares al año, pero la ejecución real está muy por debajo de esa cifra. La consecuencia inmediata: se cierran los servicios de los sábados “hasta nuevo aviso”, se restringen servicios (incluyendo internet para el público) y la institución se ve forzada a recortar actividades, horarios y personal. La Red de Museos y Centros de Visitantes publica comunicados urgentes de apoyo, y diversas voces hablan abiertamente de “estado de emergencia” y “riesgo de cierre”.

El nuevo gobierno responde anunciando que la Biblioteca es “un gran edificio abandonado en el tiempo” y prometiendo un aumento de 1.5 millones en el presupuesto para 2026, además de nombrar un enlace para “modernizarla y dejar un legado”. Sin embargo, estos anuncios se concentran en la operación inmediata y no abordan de raíz el problema de fondo: la ausencia de una infraestructura diseñada para conservar, y de un marco institucional que garantice estabilidad más allá del periodo de gobierno.

Detrás de todo esto hay un problema más antiguo: ya en 2016 se advertía que miles de libros estaban en riesgo por la falta de un sistema de aire acondicionado adecuado en un contexto de humedad extrema. El edificio de la Biblioteca fue concebido como un “edificio público con aire” más que como una bóveda de conservación climáticamente controlada. A eso se suma la dimensión humana: trabajadoras y trabajadores en incertidumbre laboral.

Todo esto es exactamente el “mal de archivo” a la panameña: no es solo falta de plata; es un diseño institucional e infraestructural equivocado que hace que la memoria siempre sea lo que se remienda al final.

La Biblioteca Nacional cumple una función estructural: es depósito legal de la producción bibliográfica del país y resguarda colecciones únicas de autores, investigadores, periódicos, mapas y archivos personales. Sin embargo, hoy opera en condiciones que rozan el absurdo:

• Un edificio con filtraciones, pisos deteriorados y sistemas de aire al límite en un clima de humedad extrema.

• Personal que no sabe si seguirá contratado la semana siguiente porque los convenios y presupuestos se negocian año a año.

• Una fundación que ha tenido que “mendigar” adendas y suplementos presupuestarios mientras se anuncian otras infraestructuras culturales más visibles.

• Servicios reducidos, cierres parciales y constantes amenazas de colapso operativo

Es el corazón del sistema bibliotecario, pero se le trata como si fuera un proyecto opcional.
La Biblioteca Nacional fue instalada en un edificio que no fue diseñado como archivo: es un inmueble con aire acondicionado general y salas de atención al público, pero no una bóveda pensada desde parámetros de conservación a largo plazo.

Aquí aparece el primer aprendizaje clave:

• Un archivo –sea de libros, de sonido o de imagen– no puede tratarse como “cualquier edificio con A/C”.

• Panamá, por su humedad y temperatura, necesita infraestructuras pensadas desde normas tipo ASHRAE por áreas, con depósitos separados, control fino de temperatura y humedad, circulación de aire, materiales adecuados, etc.

• Lo que hoy se ve como “deterioro” de pisos, techos y ductos es, en realidad, la factura de no haber disñado la Biblioteca como un organismo vivo que debía respirar y proteger, no solo exhibir.

La crisis de la Biblioteca Nacional muestra lo que ocurre cuando el país confunde edificio con infraestructura de archivo.

Durante casi dos décadas, la Biblioteca Nacional funcionó bajo un convenio entre el Ministerio de Educación y la fundación que la administra. Ese modelo permitió modernizar, sostener parte del personal y mantener servicios. Pero el convenio tenía fecha de caducidad.

Hoy, lo que hay es:

• Convenios vencidos o en prórroga, sin una nueva figura clara con el ministerio que ahora debe hacerse cargo.

• Un Estado que a ratos actúa como si la fundación fuera la responsable casi exclusiva, y una fundación que depende de fondos que no controla.

• Un personal atrapado entre dos fuegos: lo público y lo privado, sin estabilidad ni horizonte.

Este es el segundo aprendizaje:
no se puede sostener un archivo nacional solo sobre patronatos y convenios renovables. Hace falta un marco institucional robusto, con rango de ley, que defina:

• Quién es responsable del acervo.

• Qué presupuesto basal se garantiza cada año.

• Cómo se gobierna la institución (junta directiva, comités técnicos, etc.).

• Cómo se fiscaliza y se rinden cuentas sin dejar a la institución al vaivén político.

El mal de archivo no es solo técnico. Tiene cuerpo:

• Cuerpo de libros que se hinchan, se manchan y se deshacen lentamente por humedad, hongos y variaciones de temperatura.

• Cuerpo de personas que viven en una incertidumbre laboral permanente, tratando de sostener un edificio que se les cae literalmente encima.

• Cuerpo de país, porque cuando una Biblioteca Nacional se degrada, lo que se erosiona no es solo un inventario, sino la posibilidad misma de pensar la historia, la educación y la investigación con memoria propia.

La situación de la Biblioteca Nacional es, en ese sentido, una radiografía dolorosa de cómo Panamá ha tratado su memoria. El Ministerio de Educación ha contribuido a ese deterioro por muchos años; el problema ahora lo hereda MiCultura en su fase más avanzada. Lo que ha dicho el presidente de la República sobre incrementar el presupuesto en 2026 a 1.5 millones atiende, en el mejor de los casos, la operación, pero pospone el problema de fondo: la infraestructura. Es un gesto con afecto, sí, pero con muy poco diseño, poca estructura y casi nada de voluntad para construir infraestructuras de largo plazo.

Nosotros somos parte de Ibermemoria, a quien podríamos solicitar ayuda urgente. Debemos unirnos para que esta crisis se convierta en un punto de inflexión y no en otro episodio de abandono.

Desde la Fundación del Sonido, este caso refuerza que la Fonoteca Nacional de Panamá no puede repetir el modelo Biblioteca Nacional. Todo lo contrario: debe nacer justamente como respuesta a esos errores.

Algunas líneas claras:

• Diseñar la Fonoteca como edificio técnico especializado, no como “un centro cultural más”.

• Aplicar estándares de conservación (ASHRAE, IASA) desde el plano arquitectónico: bóvedas sonoras, separación de depósitos analógicos y digitales, laboratorios, salas de migración y digitalización, áreas públicas independientes.

• Reconocer que, en un país con clima extremo, la obra civil es ya una política de memoria: el muro, el techo y el sistema de aire son tan importantes como el catálogo.

• Crear la Fonoteca como Asociación de Interés Público (AIP) con ley propia, gobernanza mixta y presupuesto basal del Estado.

• Que la Fundación del Sonido aporte su experiencia técnica, su red y su capacidad de gestión, pero que la responsabilidad sobre el patrimonio sonoro sea reconocida como una obligación del Estado, no como un favor a una ONG.

• Aprender de la experiencia de la Fonoteca Nacional de México y de archivos como el Lautarchiv: modelos donde la infraestructura, el equipo y el presupuesto se piensan como una ecuación única y no como piezas sueltas.
  
  
  

El caso Biblioteca Nacional puede y debe usarse como argumento para algo más grande:

• Impulsar una política nacional de memoria sonora y documental, donde entren:

• Biblioteca Nacional

• Archivo Nacional

• Acervos universitarios y comunitarios
  
  

• Proponer una mesa técnica de infraestructura de memoria, donde se analice la “anatomía” de esta crisis y se extraigan lineamientos concretos para cualquier edificio que pretenda custodiar patrimonio a largo plazo.

Por qué un patronato no resuelve el problema de fondo

No se trata de demonizar los patronatos. Panamá Viejo, por ejemplo, ha mostrado resultados reales en conservación, investigación y educación, y su propio andamiaje institucional responde a una lógica de gestión creada en los años noventa, con una junta directiva integrada por actores como Club Kiwanis, Ministerio de Cultura, Autoridad de Turismo y banca privada.

Pero justamente ahí aparece el límite. Ese modelo puede ser útil para un sitio patrimonial acotado. Una Biblioteca Nacional no es un sitio: es un sistema nervioso. No administra solo un edificio; sostiene depósito legal, acceso público, red territorial, consulta, conservación, mediación, alfabetización, memoria y continuidad institucional. La crisis reciente lo mostró con crudeza: la biblioteca, administrada por fundación desde 1996, quedó atrapada en un limbo cuando la transición al Ministerio de Cultura, prevista en la Ley 175, no terminó de traducirse en un marco financiero y operativo estable.

Un patronato puede ayudar a captar fondos, acelerar ciertos procesos o complementar gestión. Lo que no debería hacer es sustituir la obligación permanente del Estado. Cuando la operación de la principal biblioteca del país depende de adendas, refrendos, ahorros fundacionales o voluntad administrativa, la memoria entra en modo provisional. Y una institución encargada de custodiar la continuidad cultural de un país no puede vivir en provisionalidad.

Hay además una diferencia de fondo en la forma de gobernar. La composición de un patronato como el de Panamá Viejo sugiere una mesa de decisión centrada en actores estatales, cívicos y empresariales; eso puede servir para conservar un recinto patrimonial, pero no necesariamente para animar una institución cultural viva, cotidiana y democrática. En una biblioteca nacional, la gobernanza no debería quedar lejos de quienes la hacen existir todos los días: bibliotecarias, archivistas, investigadoras, trabajadoras, lectoras, docentes, editoriales, estudiantes y comunidades usuarias. El riesgo no es solo la ineficiencia. Es algo más sutil: que la cultura se administre tan desde arriba que termine enfriándose.

Ese riesgo no es abstracto. En el informe periódico de UNESCO sobre el modelo de patronato replicado en Portobelo-San Lorenzo —presentado como experiencia inspirada en Panamá Viejo— aparecen al mismo tiempo señales de alerta: participación comunitaria e inclusión calificadas como débiles, programas educativos limitados y presupuesto insuficiente para necesidades básicas de manejo. Es decir: la flexibilidad del patronato no garantiza por sí sola arraigo social, sostenibilidad ni apertura real.

Por eso, la salida para la Biblioteca Nacional no debería ser otro parche elegante, sino una arquitectura pública más seria: presupuesto multianual protegido, autoridad jurídica clara, carrera técnica, infraestructura de conservación pensada para clima tropical y una gobernanza con participación efectiva de sus trabajadores y de sus comunidades de uso. Cooperación público-privada, sí. Amigos de la biblioteca, por supuesto. Pero el corazón de la memoria bibliográfica del país no puede seguir descansando en un modelo prestado de tutela. Tiene que descansar en una política pública estable.

La situación de la Biblioteca Nacional duele, pero también ilumina. Muestra, con crudeza, lo que pasa cuando un país:

• Usa edificios inadecuados para guardar su memoria.

• Delega responsabilidades sin un marco legal sólido.

• Espera que la filantropía y la buena voluntad suplan lo que debería ser una política de Estado.

Nombrar esta herida es el primer paso para diseñar la cura: una infraestructura de memoria pensada a la altura de lo que Panamá quiere recordar.