La República del patronato

Cómo Panamá convirtió una figura de apoyo en sustituto de política pública

En Panamá, el patronato dejó de ser una figura excepcional. Se volvió reflejo. Cuando algo importa pero el Estado no quiere —o no logra— construir una institución pública robusta, aparece la misma fórmula: patronato. Hospitales, ferias, festivales, sitios históricos, teatros, museos, estadios y ahora complejos culturales enteros. No estamos ante casos aislados, sino ante una forma recurrente de administrar lo público sin fortalecer plenamente al Estado.

Conviene decirlo desde el inicio: esto no es un alegato contra toda forma de patronato. Sería injusto y poco serio. Hay casos en que esta figura ha permitido ordenar, conservar y mover procesos que probablemente el aparato estatal, por sí solo, no habría resuelto con la misma agilidad. Panamá Viejo es el ejemplo obligado. Allí, el patronato ha contribuido a sostener investigación, conservación, mediación y protección patrimonial de una manera que difícilmente habría ocurrido sin una estructura administrativa más flexible.

Ese es, precisamente, el punto delicado: cuando funciona, el patronato seduce. Seduce porque parece resolver el viejo dilema panameño entre burocracia lenta y urgencia real. Permite mezclar fondos públicos con aportes privados, moverse con más elasticidad administrativa y prometer “autonomía” frente al vaivén político. No es casual que la narrativa oficial alrededor de la Ciudad de las Artes haya insistido en eso: blindar el proyecto del cambio de gobierno, agilizar su gestión, darle una figura propia. Esa misma lógica se ha ido extendiendo a otros espacios culturales.

Ahí está la promesa. Pero también ahí empieza el problema.

Porque una cosa es que un patronato sea útil para un sitio patrimonial acotado, con plan maestro, objetivos definidos y una misión de conservación relativamente delimitada. Otra muy distinta es convertirlo en fórmula general de gobierno cultural. Cuando el país responde con patronatos a todo —al patrimonio, a la formación artística, a la gestión de recintos, a la programación cultural, al acceso público— lo que hace no es modernizar el Estado: lo fragmenta.

En vez de construir sistemas públicos fuertes, crea islas. En vez de fortalecer ministerios, carreras técnicas, presupuestos multianuales y estructuras de participación, delega piezas sueltas a juntas directivas. El resultado puede parecer eficiente en el corto plazo, pero a mediano plazo produce una arquitectura institucional parchada: una colección de excepciones administradas como si juntas pudieran sustituir una política pública.

El caso de Portobelo y San Lorenzo ayuda a entender por qué el patronato, por sí solo, no es garantía de salvación. El conjunto tiene patronato, recibe atención internacional y sigue siendo uno de los patrimonios más sensibles del país. Y, sin embargo, la sola existencia de esa figura no ha resuelto los problemas de manejo, presupuesto, participación comunitaria ni sostenibilidad institucional. Eso obliga a una conclusión incómoda: el patronato puede ser una herramienta, pero no reemplaza capacidad pública, presupuesto estable, legitimidad territorial, planificación de largo plazo ni participación social real.

Tener junta directiva no equivale a tener política pública. Tener autonomía jurídica no equivale a tener músculo institucional. Tener una figura mixta no equivale a tener comunidad.

Hay además una dimensión menos técnica y más política. En Panamá, el patronato suele presentarse como una alianza virtuosa entre Estado, empresa privada y sociedad civil. A veces lo es. Pero también puede convertirse en una manera elegante de desplazar decisiones públicas hacia espacios de representación restringida. Eso no significa que todo patronato sea corrupto o elitista por definición. Significa algo más sutil: que una mesa de notables no siempre es sinónimo de democracia cultural.

Una cosa es sentar instituciones y empresarios en una mesa. Otra, muy distinta, es garantizar presencia efectiva de artistas, docentes, trabajadoras culturales, bibliotecarias, archivistas, investigadoras, estudiantes, comunidades usuarias y territorios. La pluralidad formal no siempre produce participación real. Y cuando esa distancia se instala, la cultura empieza a enfriarse: se conserva, quizá; se administra, seguro; pero también puede volverse menos porosa, menos viva, menos abierta a quienes se supone debe servir.

Esa tensión no es nueva. Ya había aparecido antes en Panamá: de un lado, quienes defienden los patronatos como mecanismos de agilidad y protección frente a la inercia estatal; del otro, quienes advierten que ciertas estructuras terminan fijando precios inaccesibles, concentrando poder o administrando bienes públicos con criterios demasiado cerrados. Ambos lados rozan una verdad. El problema de fondo no es solo quién controla a quién. El problema es que Panamá sigue sin resolver una pregunta más profunda: cómo gobernar lo cultural sin caer ni en la captura elitista ni en el control político de turno.

Por eso, el debate no debería ser “patronato sí” o “patronato no”. Debería ser mucho más fino. Hay ámbitos donde un patronato puede ser útil: recintos patrimoniales muy específicos, con misión clara, estructura técnica fuerte, reglas de transparencia y una relación bien definida con el Estado. Pero hay otros donde el modelo se queda corto o incluso desordena más: sistemas nacionales, redes públicas, bibliotecas, archivos, educación artística, memoria documental, circulación territorial.

Allí lo que hace falta no es una junta más, sino institucionalidad pública seria.

Y aquí conviene detenerse. Porque si la crítica al patronato va a ser honesta, también tiene que responder una pregunta inevitable: si no así, entonces cómo.

La respuesta no está en un romanticismo estatal abstracto ni en un simple “que el gobierno se encargue”. Está en distinguir escalas, funciones y responsabilidades. No todo necesita la misma figura. No todo debe resolverse con una entidad privada de interés público. Y, sobre todo, no toda colaboración mixta debe traducirse en retirada del Estado.

En bibliotecas, por ejemplo, el núcleo no debería depender de arreglos provisionales, convenios inestables o estructuras paralelas. Una biblioteca nacional no es solo un edificio: es depósito legal, memoria escrita, acceso público, servicios, mediación, conservación, red territorial, formación y continuidad. Eso exige presupuesto protegido, carrera técnica, infraestructura adecuada y responsabilidad institucional clara. Si el Estado ya reconoce esa obligación en la ley, entonces el problema no es jurídico: es político y administrativo. Lo que falta no es inventar una figura nueva, sino terminar de asumir la que ya corresponde.

En archivos ocurre algo parecido. La memoria documental no puede descansar únicamente en entusiasmo, voluntad o administración tercerizada. Requiere normas estables, cadena de custodia, criterios técnicos, preservación a largo plazo, interoperabilidad y personal especializado. Eso no se improvisa. Mucho menos se resuelve como si fuera un proyecto puntual. Un archivo nacional no es una vitrina ni una campaña: es una infraestructura silenciosa de soberanía, transparencia y memoria.

En educación artística, la tentación del patronato también puede ser engañosa. Claro que una figura flexible puede ayudar a movilizar recursos, alianzas o visibilidad. Pero la formación pública sostenida —música, danza, teatro, artes visuales— necesita otra musculatura: docentes, programas continuos, presupuesto anual, presencia territorial, articulación con escuelas y comunidades, trayectorias formativas de largo plazo. No necesita solo administración: necesita permanencia.

Lo mismo vale para la circulación territorial. Si la cultura fuera únicamente cuestión de recintos emblemáticos, tal vez el modelo de patronato alcanzaría más veces. Pero un país no se construye solo desde sus edificios-ícono. Se construye desde redes, bibliotecas públicas, centros culturales, archivos regionales, programas comunitarios, itinerancias, mediación, formación y acceso. Eso requiere sistemas, no solo excepciones bien administradas.

Por eso vale mirar otras posibilidades. En otros países de la región existen modelos donde el Estado asume el núcleo y la colaboración externa acompaña sin reemplazarlo: redes nacionales de bibliotecas tratadas como servicio público; sistemas estatales de patrimonio que integran bibliotecas, archivos y museos bajo una rectoría común; organismos descentralizados especializados en memoria documental; fundaciones públicas vinculadas al ministerio que coordinan políticas sin funcionar como excusa para que el Estado se retire. No se trata de copiar nombres. Se trata de entender una lección básica: la flexibilidad administrativa puede existir sin sacrificar la responsabilidad pública.

Panamá no tendría que inventarlo todo desde cero. Tiene ya piezas sueltas, capacidades dispersas y bases legales parciales. Tiene instituciones que podrían fortalecerse. Tiene marcos normativos que, al menos en el papel, reconocen la obligación estatal en bibliotecas, patrimonio, museos, educación y memoria documental. El problema no es una incapacidad ontológica del Estado panameño. Es otra cosa: una costumbre política de delegar antes que reformar, tercerizar antes que fortalecer, improvisar excepciones antes que construir sistema.

Por eso el debate sobre los patronatos es, en el fondo, un debate sobre imaginación institucional. Lo que está en juego no es solo una figura jurídica. Es la pregunta por la forma en que Panamá entiende lo público. Cada vez que una responsabilidad cultural compleja aparece y la respuesta automática es “hagamos un patronato”, lo que se revela no es necesariamente modernidad. A veces es exactamente lo contrario: la dificultad de asumir lo público en serio.

Asumirlo en serio no significa cerrar la puerta a la sociedad civil, al sector privado o a la cooperación internacional. Significa reubicar cada cosa en su lugar. Que el patronato exista, cuando haga falta, como estructura de apoyo, captación de recursos, cooperación o consejo de aliados. Pero que el corazón de la política pública —bibliotecas, archivos, educación artística, memoria documental, circulación territorial— esté en manos de instituciones públicas claras, con obligaciones claras, financiamiento claro y mecanismos de participación reales.

Un patronato puede ayudar a cuidar una pieza del país. Lo que no debería hacer es sustituir al Estado en el cuidado de aquello que le pertenece a todos.

Porque el problema no empieza solo cuando un patronato se corrompe. Empieza antes: cuando un deber público se transforma en gestión contingente.

Y ahí está la verdadera pregunta: no por qué existen patronatos, sino por qué todo termina queriendo resolverse con patronatos.